Han pasado casi 3 años desde que en Lima se realizó la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20, 2014) y
hoy empieza en la ciudad alemana de Bonn la COP23, que se encuentra
organizada por Alemania, pero presidida por Fiji. Esta COP es la
primera liderada por un país vulnerable por los impactos del cambio
climático y es la primera que se realiza desde que el presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, anunció la salida de los Estados Unidos
del Acuerdo de París, aunque dicha salida no se efectuará sino hasta
noviembre de 2020.
Para el primer ministro de Fiji, Frank Bainimarama, presidente de la COP23, las
prioridades están enfocadas en aumentar la capacidad de resiliencia de
todas las naciones vulnerables ante los impactos del cambio climático,
así como impulsar el acceso a la financiación para la adaptación al
cambio climático. Ello significa que Fiji tendrá como parte de su agenda
en la COP23 avanzar en temas relacionados al mecanismo de pérdidas y
daños, así como el financiamiento para la adaptación al cambio
climático.
Uno de los primeros temas en los que se requiere avanzar en la COP23
está relacionado a sentar las bases para el Diálogo Facilitador,
previsto para realizarse en el 2018 con la finalidad de que los Estados
Parte puedan tener la oportunidad de hacer un último balance de sus
contribuciones nacionales determinadas (NDC), antes de que sean
irreversibles a partir de 2020, ello encaminado a aumentar su nivel de
ambición. Para ello, debe considerarse que la Presidencia de la COP23
espera que, en dicho diálogo, los países se guíen por el espíritu de “Talanoa”,
una palabra fiyiana que hace referencia a un proceso inclusivo,
participativo y transparente que condice a la toma de decisiones para el
bien común.
Este Diálogo Facilitador, ahora denominado Diálogo de Talanoa, es aún
más importante si consideramos los resultados del reciente reporte de
ONU Ambiente “Informe sobre la disparidad en las emisiones (2017)” que
señala que para 2030 solo se alcanzaría un tercio de la
reducción de emisiones requerida para cumplir los objetivos climáticos; y
advierte que para 2100 es muy probable un aumento de la temperatura
mundial de al menos 3°C, incluso con la plena implementación de las
contribuciones actuales determinadas a nivel nacional por cada Estado.
Durante la COP23 también se busca avanzar en la definición de las
guías necesarias para operativizar el Acuerdo de París (también conocido
como el Manual de reglas para el Acuerdo de París) que deberán estar
finalmente definidas durante la COP24 a realizarse en Polonia. Por
ejemplo, si bien es cierto los países han presentado sus contribuciones
nacionalmente determinadas (NDC) aún se requiere trabajar el marco de
transparencia para el reporte y monitoreo de las NDC así como establecer
las reglas necesarias para aumentar la ambición de las metas que estas
se han establecido.
¿Cómo llega Perú?
En el contexto nacional, desde el 2014 se han presentado una serie de iniciativas legislativas encaminadas a
aprobar finalmente una Ley Marco de Cambio Climático. Esperamos que
luego de casi 3 años de debate legislativo, finalmente este año podamos
contar con la aprobación de esta ley. Sin embargo, si bien esto es un primer paso, aún se tiene una extensa agenda que cumplir por parte de nuestras autoridades.
En el campo de las energías renovables, donde existe un potencial
para países como Perú, hemos tenido algunos avances. De un lado, en el
2015 se aprobó el Decreto Legislativo 1221 que permite la generación
distribuida desde los usuarios de la red eléctrica, es decir, dispone
que “los usuarios del servicio público de electricidad que disponen
de equipamiento de generación eléctrica renovable no convencional o de
cogeneración (…) tienen derecho a disponer de ellos para su propio
consumo o pueden inyectar sus excedentes al sistema de distribución,
sujeto a que no afecte la seguridad operacional del sistema de
distribución al cual está conectado”. Sin embargo, dicha disposición aún se encuentra pendiente de reglamentación.
Complementario a lo anteriormente mencionado, se requiere que
el gobierno peruano desarrolle impuestos al carbono. Po ejemplo,
Colombia ha fijado durante el 2017 el denominado ‘impuesto verde’ al
carbono con la finalidad de reducir la utilización de combustibles
fósiles.
Finalmente, se requiere tratar de involucrar a las municipalidades en
el debate climático, sobre todo si consideramos que las mismas pueden
realizar una serie de acciones en el marco de sus competencias que
puedan aportar a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero o que puedan colaborar a través de acciones de adaptación,
sobre todo en el caso de ciudades vulnerables.
Esperamos que la COP23 pueda dinamizar un mayor compromiso climático
del Perú y que se mantenga vivo el liderazgo del país logrado en la
COP20 y en su contribución a la agenda de acción climática de actores no
estatales así como a la agenda sobre género y cambio climático y
finalmente al Acuerdo de París aprobado en el 2015.
Lunes 6 de Noviembre, 2017
Escribe Isabel Calle (@icallev) / Directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA
